Durante una jornada políticamente complicada, en la que la alcaldesa Manuela Carmena ha tomado la decisión de cesar al Delegado del Área de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, el cuarto Plan Económico Financiero (PEF) elaborado durante 2017 ha sido aprobado en el Pleno extraordinario celebrado esta mañana y remitido al Ministerio de Hacienda, dónde ha sido admitido.
La aprobación del PEF llega tras un proceso de diálogo entre el Ayuntamiento y el Ministerio en el que ambos han acordado poner fin a los procedimientos judiciales que supusieron la suspensión cautelar de 274 millones de euros en inversiones.
Ahora el Ayuntamiento espera poder ejecutar las partidas paralizadas antes del final del ejercicio.
El Ayuntamiento espera dar mayor protagonismo a las Inversiones Financieramente Sostenibles
En el nuevo PEF el Ayuntamiento se compromete a realizar recortes para el año 2018 con el fin de ajustarse a la regla de gasto. No obstante, Manuela Carmena ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Pleno que se intentará incrementar el gasto dentro de los límites que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aumentando el número de Inversiones Financieramente Sostenibles a cargo del remanente de tesorería del ejercicio 2017 (en el año 2016 fue de 1.022 millones de euros).
Dos meses de parálisis presupuestaria
El pasado 16 de octubre, a tan solo un día de finalizar el plazo marcado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó un Plan Económico Financiero que fue rechazado por el Ministerio. Éste alegaba que para el cálculo del límite de gasto no se habían tenido en cuenta las superaciones de los ejercicios 2015 y 2016; Sánchez Mato, a cargo del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, consideró que la interpretación de la Regla de Gasto que estaba realizando el Ministerio era diferente de la que realizaba con otros municipios y comenzó una batalla legal, dialéctica y política contra las acciones de ministro Cristóbal Montoro que desembocaron en una Proposición de Ley de Unidos Podemos que podrá tramitarse debido a que el Gobierno presentó el veto fuera de plazo.
Desde noviembre el Ministerio ha tutelado las cuentas municipales exigiendo al Ayuntamiento un informe semanal de las medidas adoptadas con el objetivo de reconducir la senda de gasto; el Ayuntamiento ha realizado acuerdos de no disponibilidad por un importe de 306 millones de euros retenidos de bajas por licitación (contratos que se adjudican con un menor coste del estimado), partidas reanualizadas y proyectos que no podían ser realizados en los últimos meses del año, entre otros.
A su vez, la Delegación del Gobierno de Madrid a instancia del Ministerio llevó al Ayuntamiento a los tribunales. El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid impuso unas medidas cautelares que supusieron la paralización de 274 millones de euros de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) destinadas a realizar obras de mejora en instalaciones deportivas, zonas verdes, centros educativos y vías públicas. Esta situación puso en riesgo los proyectos paralizados ya que las IFS deben realizarse durante el año en que son aprobadas.
Con la aprobación del PEF el Ministerio de Hacienda ha cesado la tutela y ha acordado desistir de los procedimientos judiciales iniciados en el mes de noviembre. El Ayuntamiento espera que el juez levante las medidas cautelares para poder ejecutar los 577 proyectos en suspenso antes de finalizar el año.
